2 de Julio, 2020
-El retraso en la concesión de licencias de primera ocupación tiene un coste anual en concepto de impuestos y tributos de 203 millones de euros para la CAM y de 10 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid
– La modificación de la Ley del Suelo será aprobada previsiblemente en el primer pleno de la Asamblea de Madrid tras el periodo vacacional
Madrid, 2 de julio de 2020.- ASPRIMA y los principales agentes del sector inmobiliario (cooperativas, asociaciones de compra-venta y alquiler de vivienda, entidades jurídicas, y colegios profesionales) han valorado positivamente la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), Juan Antonio Gómez-Pintado, en un evento virtual que ha contado con la participación de Raimundo Herráiz, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid; Juan Casares, presidente de CONCOVI; Jorge Heras de los Ríos, director de Servicios Jurídicos del Colegio de Aparejadores de Madrid; José Luis Grajera, presidente de AGV; Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, y Antonio Gómez Cid, socio responsable de Urbanismo de Uría Menéndez.
Todos los ponentes han coincidido en calificar la modificación de necesaria y esperada, ya que la actualización y modernización de los trámites inmobiliarios es uno de los aspectos más demandados por todos los operadores del sector y sus clientes. El retraso en la concesión de licencias es uno de los principales escollos para agilizar y dinamizar el sector constructor y promotor.
En su intervención, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha recalcado que la aprobación de la modificación de Ley del Suelo es una reivindicación histórica del sector, que debe poner fin al retraso en la concesión de licencias de primera ocupación por su alto coste para el sector, para los clientes y para la propio Administración. Gómez-Pintado ha puesto de ejemplo a la propia Comunidad de Madrid, cuyo retraso medio en la concesión de licencias de primera ocupación, de entre tres y cuatro meses, tiene un coste anual en las arcas de la Comunidad de 203 millones de euros y otros 10 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid, en concepto de tributos e impuestos, al margen del lastre para la competitividad de los promotores y el sobre coste para los compradores de vivienda.
El presidente de ASPRIMA también ha hecho hincapié en la necesidad de agilizar todos los trámites administrativos asociados a la construcción y promoción, y ha afirmado que “nuestro sector es una palanca clave para retomar la actividad económica, pero necesita una serie de medidas como la actual modificación de la Ley del Suelo para lograrlo”.
Gómez-Pintado ha señado que existen graves asimetrías entre comunidades autónomas, haciendo hincapié en la necesidad de herramientas que permitan dicha simetría y apostando por un plan nacional que dote de igualdad al sector inmobiliario en toda España.
“Esta modificación es la actualización del sistema administrativo, que permitirá a las empresas inmobiliarias ser más competitivas. Si seguimos poniendo trabas a la Administración no solo perjudicará a las empresas del sector, sino también al ciudadano, incidiendo directamente en la accesibilidad a la vivienda. Además, hay que tener en cuenta que el sector está muy profesionalizado y regulado y, con este tipo de modificación de la ley, lo que conseguimos es modernizar y actualizar la normativa”, ha señalado el presidente de ASPRIMA.
Por su parte, Raimundo Herraiz, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, ha apuntado que “la modificación de la ley se estima que será aprobada en el primer pleno de la Asamblea de la Comunidad tras el periodo vacacional. Además, desde la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando en una nueva ley de suelo integral que será corta, flexible y liberalizadora, y que queremos aprobar a lo largo de la presente legislatura”.
Juan Casares, presidente de CONCOVI, se ha referido a la modificación de la ley como “una demostración de la necesidad de actualizar y modernizar la antigua ley, que ya se encontraba obsoleta y que provocaba un gran coste económico al sector y a los ciudadanos”. Además, el presidente de CONCOVI ha afirmado que es necesario tramitar una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, Jorge Heras de los Ríos, director de Servicios Jurídicos del Colegio de Aparejadores de Madrid, ha centrado su discurso en las ECLU (Entidades Colaboradoras Urbanísticas), de las que ha dicho que han demostrado claramente su funcionamiento. Heras ha destacado que esta modificación de la ley solo atañe hasta el momento al Ayuntamiento de Madrid, por lo que considera que es importante que se extienda a todos los municipios de la Comunidad para lograr la simetría comentada por Juan Antonio Gómez-Pintado.
José Luis Grajera, presidente de AGV, ha añadido que “se trata de una modificación de ley muy oportuna, aunque echamos en falta que sea algo más ambiciosa. Por otro lado, desde nuestro punto de vista, habría que regular que los trámites respecto a las licencia no recaigan en las juntas municipales de la capital, sino que el proceso lo realice la propia gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento”.
Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, ha aplaudido también la citada modificación y ha puntualizado que “todo lo que reduce el intervencionismo y los trámites administrativos es beneficioso para el sector y el ciudadano, así como para la Administración Pública a través de la recaudación de impuestos”. También ha apuntado que considera que esta modificación puede reactivar al sector y es, a su vez, una buena noticia para el Build To Rent, una fórmula de alquiler que ha traído importantes inversiones a España, inversiones a largo plazo en la que nuestro país tiene que poner en foco y más en estos momentos. Para concluir, ha aseverado que “es muy importante la seguridad jurídica para atraer la inversión y este tipo de medidas lo avala”.
Por último, Antonio Gómez Cid, socio responsable de Urbanismo de Uría Menéndez, ha afirmado durante su intervención que la modificación de la ley es absolutamente esperada y que incide en la senda de la flexibilización de los trámites administrativos. También ha ahondado en que el sector tiene un papel muy importante para relanzar la actividad económica en España.
Organización empresarial cuyo principal objetivo es defender los intereses profesionales de las empresas inmobiliarias, siendo su norma primordial el servicio a la Comunidad y el diálogo con las Administraciones Públicas para intentar buscar soluciones a los problemas que afectan al sector.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que a día de hoy está considerada como la voz más representativa del sector inmobiliario de la Comunidad de Madrid, lleva a cabo estudios de investigación sobre los aspectos esenciales del sector y presta servicios directos de asesoría, elaboración de estudios, formación e información a todos sus asociados.