Presidente de ASPRIMA
La profesionalización de la industria inmobiliaria ha sido uno de los principales logros que el sector ha conseguido en los últimos años. Las nuevas generaciones de promotores y constructores han logrado desarrollar e implementar, desde la trasparencia, un conjunto de prácticas profesionales con las que definir su actividad diaria y que, de forma natural, han ido fortaleciendo la confianza de los consumidores hacia el sector.
Tras esta profesionalización, el sector necesita contar con los factores exógenos necesarios que garanticen el estatus alcanzado en la actualidad. Uno de los aspectos más importantes y destacados es la necesaria seguridad jurídica.
En este sentido, los agentes políticos junto con los sectoriales, desde el consenso, el diálogo y la consulta, deben comprometerse a trabajar para desarrollar marcos normativos estables alejándose, a su vez, de medidas cortoplacistas. En concreto, agilizar los plazos de concesión de licencias, tanto de obra nueva como de primera ocupación, incrementar la oferta de vivienda protegida, a través de fórmulas de colaboración público-privada, o incentivar beneficios fiscales que faciliten la compra de una vivienda.
Medidas de este calibre serán, entre otras, las que finalmente terminen con una de las grandes lacras que arrastra nuestra sociedad actual y que es una de las grandes preocupaciones para el sector: el difícil acceso a la vivienda de los jóvenes.
Aunque es cierto que parte de esta dificultad para acceder a una vivienda proviene de la correlación directa que los bajos índices de emancipación mantienen con los índices de desempleo o el empleo precario actuales, el origen del difícil acceso al mercado inmobiliario se encuentra también en la falta de políticas de vivienda.
A esta realidad se suma el hecho de la actual tendencia al alza de los precios que, de forma generalizada, se está produciendo en todo el territorio español y que responde, fundamentalmente, a las leyes de oferta y demanda.
A medida que el número de viviendas ofertadas decrece, sobre todo en los centros urbanos de las ciudades, los precios se incrementan. En este contexto, el alquiler es la única opción residencial que los jóvenes de hoy en día pueden permitirse para acceder a la vivienda.
El sector inmobiliario ha demostrado un gran compromiso, no solo en este sentido, sino que también trabaja activamente por escuchar y atender a las demandas, gustos y preferencias de los nuevos clientes.
No obstante, para que el sector se asiente sobre bases sólidas y permanentes es necesario que la inversión en I+D+i cuente con el respaldo de una fiscalidad adecuada y de una amplia red de profesionales cualificados. Por ello el papel de la Formación Profesional Dual, desde la que promover un conocimiento que vaya más allá de los fundamentos puramente teóricos, es clave.
El sector inmobiliario necesita que todos los agentes que forman parte de la industria se comprometan a trabajar de forma unificada y cohesionada para que se desarrollen medidas concretas. Estas deben pasar por fortalecer una seguridad jurídica real en el sector, que se aleje de los devenires políticos, una regulación más equilibrada y justa para todas las partes, poner suelo en carga suficiente para evitar tensiones inflacionistas y trabajar para agilizar los plazos de tramitación de licencias apostando por seguir profesionalizando un mercado que necesita ampliar la oferta a través de viviendas más modernas, eficientes y sostenibles a precios asequibles.
En última instancia, nos encontramos ante la necesidad de llevar a cabo toda esta serie de mejoras de profundo calado estructural que redunden en un auténtico beneficio para la sociedad.
