• Sala de prensa
  • Actualidad
  • LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

ACTUALIDAD

LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

17/03/2015

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo introdujo importantes novedades en el estatuto de los Administradores de las sociedades de capital, cuyo conocimiento es esencial, dada la ampliación del alcance de su responsabilidad que la misma establece.

Se tipifican de forma mucho más precisa los deberes de diligencia y lealtad de los administradores y los procedimientos que deben seguirse en caso de conflicto de interés, y se amplían el alcance de la responsabilidad y las posibilidades para su ejercicio.

Los administradores deben desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario. Esta obligación, que no es nueva, se flexibiliza en la reforma con la matización de que deberán tenerse en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas en cada caso y, con la llamada “business judgment rule”, esto es, la previsión de que, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya obrado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y en el marco de un procedimiento de decisión adecuado. Ahora bien, no se entenderán incluidas en el ámbito de discrecionalidad empresarial las decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas ni aquellas que se refieran a dispensa de prohibiciones.

Los administradores deberán informarse diligentemente de la marcha de la sociedad, deber al que se incorpora en la reforma el deber de dedicación adecuada a los asuntos de la sociedad.

Los administradores deben desempeñar su cargo como un representante leal en defensa del interés social y cumplirán los deberes impuestos por las leyes y los estatutos. Una importante novedad en esta cuestión es la previsión de que la infracción del deber de lealtad determinará no sólo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el Administrador, lo que, de hecho, amplía el ámbito de su responsabilidad.

Además, la reforma  concreta este deber en una serie de obligaciones y prohibiciones, como la de no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas, la de guardar secreto, la de abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos en los que él o una persona vinculada tenga conflicto de intereses, etc.

Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social. Sin embargo, se exceptúan de este deber los supuestos en que las leyes permitan su comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión. Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquélla.

En cuanto a la responsabilidad de los Administradores, su presupuesto es, además –obviamente- de la causación de un daño a la sociedad, a los socios o frente a los acreedores sociales, la realización de actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, así como la relación de causalidad entre ambos.

El nuevo texto de la LSC exige, además, que haya intervenido dolo o culpa, si bien ésta se presumirá cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.

Además, la reforma concreta la figura del administrador de hecho, considerando como tal a la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

Y es importante señalar que el hecho de que el acto o acuerdo lesivo verificado por los administradores haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general, en ningún caso exonerará de responsabilidad a los Administradores.

Se plantea asimismo la naturaleza de dicha responsabilidad en el caso de pluralidad de Administradores. La LSC, sin distinguir entre Administradores solidarios o mancomunados, el carácter solidario de la responsabilidad, estableciendo que todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo:

  • Cuando el administrador, ausente de la reunión donde se adoptó el acuerdo lesivo, desconozca su existencia; desconocimiento que ha de referirse tanto al momento de la reunión como a un momento posterior
  • Cuando el administrador, conociendo la existencia del acuerdo, hubiera hecho todo lo conveniente para evitar el daño
  • Que, al menos, conociendo el acuerdo, se opusiera expresamente a aquél

 

Finalmente, la nueva regulación del ejercicio de la acción social de responsabilidad contiene finalmente importantes novedades:

  • Antes de la reforma, para poder los socios ejercitar la acción social de responsabilidad en defensa del interés social, además de poseer una participación que les permitiera solicitar la convocatoria de Junta General, debía darse el supuesto de que los administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin, la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, o que éste hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad. Con la nueva regulación, se posibilita el ejercicio de la acción directa por parte de los socios, sin someter la decisión a la Junta General, cuando se trate de la infracción del deber de lealtad
  • Se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria del 5 al 3% en las sociedades cotizadas
  • En el caso de estimación total o parcial de la demanda, la sociedad estará obligada a reembolsar a la actora de los gastos necesarios en que hubiera incurrido, salvo que ésta haya obtenido o haya estado en condiciones de obtener de los demandados el reembolso completo de los mismos
  • Por último, se establece que la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. Si bien este plazo de cuatro años ya venía recogido por el Código de Comercio, lo definitivo es el momento de inicio del cómputo, que ahora se sitúa –a diferencia de la regulación anterior, que lo fijaba en el momento del cese del Administrador, o de la doctrina jurisprudencial, que se inclinaba por el momento de fijación del daño-, en el momento en que la acción haya podido ejercitarse o, lo que es lo mismo, en el momento en el que se haya tenido conocimiento de los hechos que pueden dar lugar a la misma, con independencia del tiempo transcurrido desde su comisión

 

Mª Eugenia Navarro

Directora del Departamento Jurídico y de Urbanismo

ASPRIMA