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EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A LA ADMINISTRACION A INDEMNIZAR A UNA PROMOTORA POR PARALIZACION DE UNAS OBRAS

22/07/2015

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a la Xunta de Galicia a indemnizar a una promotora que tuvo que paralizar casi tres años unas obras en Vigo por dictarse medidas administrativas de protección del patrimonio arqueológico en la zona donde se iban a realizar.

 

La reclamación instada por la empresa promotora se basaba en los daños y perjuicios que le habían causado las que denomina "cautelas arqueológicas" adoptadas por la Junta, en cuanto le impidieron ejecutar en tiempo y forma las licencias que había obtenido el 25 de mayo de 2006 para urbanización y construcción en dichas parcelas, lo que determinó la imposibilidad de poner en el mercado en el tiempo previsto las edificaciones, pisos locales etc... y le obligó a mantener inmovilizadas e improductivas las inversiones realizadas en dichas parcelas.

 

Los daños que se reclamaban surgen, en definitiva, del retraso en poder iniciar las obras de urbanización y construcción por causas ajenas a su voluntad y que imputa a las resoluciones de la Junta destinadas a preservar el patrimonio arqueológico descubierto.

 

La entidad mercantil Promociones Manuel Vázquez SL era titular de varias parcelas y el 25 de mayo de 2006 se le concedió licencia de obras para urbanizar y edificar en el ámbito de la Unidad de Actuación I-06 Rosalía de Castro 2 de Vigo. La Unidad de Actuación no se encontraba incluida dentro de ningún ámbito de protección histórico cultural de los expresamente delimitados por el Plan General de ordenación Urbana del Ayuntamiento de Vigo, aprobado el 29 de abril de 1993, ni se encontraba afectada por ninguna zona de protección del patrimonio cultural.

 

La Junta dictó diferentes resoluciones administrativas ordenado medidas de protección del patrimonio arqueológico que impidieron la iniciación de las obras de urbanización y edificación de dicho ámbito, limitación que paralizó la actividad durante casi tres años cuando el plazo de finalización de las obras estaba previsto en 24 meses, según los arquitectos directores de obra.

 

La paralización de las obras de urbanización y construcción en un periodo tan dilatado de tiempo, excede con mucho de los plazos previstos tanto en la Ley del Patrimonio Histórico Español para adoptar medidas de protección del patrimonio (el artículo 37.2 fija el plazo de suspensión de una obra por un mes y el art. 25 establece un plazo de seis meses para suspender la demolición o cambio de uso y la tramitación de un plan para su protección) como en la Ley Patrimonio Cultural de Galicia 8/1995 de 30 de octubre (cuyo artículo 59.4 establece que "La Consejería de Cultura o, en su caso, los Ayuntamientos respectivos, podrán ordenar la interrupción inmediata de las obras en el lugar objeto de un hallazgo casual por un plazo máximo de un mes, a fin de llevar a cabo los trabajos arqueológicos que considerasen necesarios") y, por lo tanto, la Sentencia considera que esta paralización implica un sacrificio singular para los afectos en aras al interés general representado por la preservación del patrimonio arqueológico que ha de ser indemnizado.

 

El Tribunal Supremo viene a declarar que nuestro sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración prescinde absolutamente de la idea de culpa. Es decir, con independencia de que medie o no ilicitud, incluso se responde cuando se actúa legalmente y aún al margen de todo funcionamiento irregular; se incluyen tanto los daños ilegítimos, por la actividad culpable de la Administración, funcionamiento anormal de los servicios públicos, como los daños producidos en el lícito actuar administrativo, funcionamiento normal.

 

Por otra parte, la justificación de la objetivación de la responsabilidad patrimonial se asienta en la exigencia de que un ciudadano (administrado) no soporte las consecuencias lesivas o dañosas de la actuación administrativa, que tiene como finalidad el interés general (TS 14-10-1994) con significado equivalente a lo que en la doctrina iusprivatista se denominó socialización de los riesgos.

 

Como recuerda la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1998 - recurso de casación 1339/94 -, transcrita en la Sentencia de la misma Sala, sección 6, de 17 de septiembre del 2010 (recurso 5648/2005), la antijuridicidad o ilicitud "sólo se produce cuando el afectado no hubiera tenido la obligación de soportar el daño o el perjuicio y ese deber de soportar el daño o el perjuicio sufrido se da en los supuestos en que la Ley y el grupo normativo de ella derivado justifican dichos detrimentos de un modo expreso o implícito.

 

Así, del examen de las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril, 19 de mayo y 19 de diciembre de 1989, entre otras, se infiere que el criterio esencial para determinar la antijuridicidad del daño o perjuicio causado a un particular por la aplicación de un precepto legal o normativo debe ser el de si concurre o no el deber jurídico de soportar el daño, ya que las restricciones o limitaciones impuestas por una norma, precisamente por el carácter de generalidad de la misma, deben ser soportadas, en principio, por cada uno de los individuos que integran el grupo de afectados, en aras del interés público".

 

La cuestión radica en si los perjuicios causados por tales medidas deben ser indemnizados o, en términos más concretos, si los particulares afectados tienen el deber jurídico de soportarlos por tratarse de una limitación general impuesta por la ley y proporcionada al fin que se persigue o, si por el contrario, se trata de una limitación singular que implica un sacrificio desproporcionado para los afectados; sacrificio que, dado el tiempo transcurrido, estima el Tribunal Supremo que concurre.

 

 

María Eugenia Navarro

Directora del Departamento Jurídico y de Urbanismo