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LOS JUECES DEBEN LIMITARSE A NO APLICAR EL INTERÉS DE DEMORA DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO QUE SE CONSIDERE ABUSIVO, NO DEBIENDO RECALCULARLO

13/07/2015

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dado respuesta a una cuestión prejudicial planteada en su día por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, acerca de las posibilidades de actuación de los Jueces en el supuesto de considerar abusivas las cláusulas de interés moratorio y de vencimiento anticipado, teniendo en cuenta la Directiva 93/13/CEE y la legislación nacional.

 

Estas cuestiones surgieron en el curso de un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) reclamaba 66.700 euros de principal y 20.000 de intereses a una pareja por el impago entre julio y octubre de 2012 de cuatro cuotas de una hipoteca que habían suscrito con la entidad bancaria en junio de 2008 por valor de 80.000 euros.

 

Presentada la demanda de ejecución hipotecaria por el banco en mayo de 2013, el juez acordó de oficio considerar nula por abusiva la cláusula de interés moratorio del 20% y ordenó que se continuara la ejecución sólo por el principal y redujo las costas a que puede aspirar el banco.

 

Ante esta resolución, el banco interpuso recurso de reposición en el que invocaba la Disposición Transitoria nº2 de la Ley 1/2013, de medidas para la protección de los deudores hipotecarios.

 

Por otro lado, los clientes se opusieron a la ejecución hipotecaria al entender abusiva la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario.

 

La primera de las cláusulas establecía un interés de demora del 20%. Sobre la base de lo dispuesto en la ley para la defensa de los consumidores -que antes de su reforma por la Ley 3/2014 establecía que las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, concediendo al juez la facultad de integrar el contrato y de moderar los hechos y obligaciones de las partes-, de la limitación al triple del interés legal del dinero de los intereses de demora en los préstamos para la adquisición de vivienda habitual y del artículo 1108 del Código Civil, que dispone que la indemnización por mora consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio, en el interés legal, algunos jueces habían procedido a recalcular las cuotas por interés de demora en el caso de cláusulas abusivas.

 

Sin embargo, y a la vista de la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas, el TJUE estima que  la consideración por parte de un juez de que una cláusula es abusiva no le faculta para modificar el contenido de la misma, reduciendo el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, viniendo obligado únicamente a dejarla sin aplicación.

 

Ahora bien, continúa afirmando el TJUE, ello no significa que exista una contradicción entre la citada Directiva y la normativa que ha quedado expuesta, ya que las distintas normas se refieren a ámbitos de aplicación diferentes. Así, mientras una regula todo contrato de préstamo hipotecario (la ley 1/13), otra lo hace sobre cualquier contrato de crédito dinerario (1108 CC) y la directiva se refiere únicamente a las cláusulas abusivas entre particulares y profesionales.

 

El tribunal europeo considera que “si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas”, ello “contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a consumidores”, ya que “los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas, al saber que, aun cuando llegara a declarase la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario”.

 

La segunda de las cuestiones planteadas se refería a las consecuencias de una cláusula de vencimiento anticipado, que se consideró abusiva (al permitir reclamar la devolución total de préstamo por el impago de una “de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses”, frente al impago de tres meses que impone la normativa española), a pesar de que la entidad bancaria respetó el plazo mínimo legal. Sobre esta cuestión entiende el TJUE que “cuando el juez nacional haya constatado el carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.