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Acceder al mercado de la vivienda, el gran reto de los jóvenes españoles

jovenes independizados
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Uno de los principales desafíos que afronta en la actualidad España y que preocupa muy especialmente a todos los actores partícipes de la industria inmobiliaria es el difícil acceso de los jóvenes españoles al mercado de la vivienda. Muestra de ello es la elevada edad media de emancipación de nuestro país, que alcanza los 29 años y nos posiciona en sexto lugar, por la cola, entre el resto de potencias de Europa.

En el lado opuesto se encuentran los noruegos, quienes abandonan el hogar familiar a los 19 años, los daneses y suecos a los 21 o los finlandeses a los 22 años. Si bien es cierto que desde que existen registros las diferencias entre los estados nórdicos y los países del sur son una constante cimentada por los arraigados modelos culturales de familia y comunidad, una emancipación tan temprana como la escandinava se explica, entre otros factores, por la extensa red de políticas públicas de apoyo a la vivienda y que, en última instancia, suponen un gran incentivo para el inicio de los itinerarios de vida de los jóvenes.

En términos generales, un elevado número de países europeos cuentan con diversas clases de subsidios públicos en materia de vivienda, los denominados housing allowance (subsidio de vivienda), que favorecen la entrada al mercado inmobiliario. En Francia, uno de los países más representativos, existe la posibilidad de que las entidades financieras lleguen a ofrecer créditos sin interés, además de una serie de medidas englobadas en el conocido como aide personnalisée au logement (ayuda personalizada para acceder a la
vivienda).

Alemania, por su parte, cuenta con la fórmula wohngeld (plus de residencia juvenil) y, de forma correlativa, aplica incentivos a la construcción de vivienda destinada al alquiler mediante deducciones fiscales que pueden llegar a alcanzar hasta un tercio de los costes
de construcción.

Del mismo modo sucede en Reino Unido que, desde los años 70, ofrece ayudas para el alquiler de viviendas en régimen social o privado, al tiempo que aplica una reducción de impuestos en la compra de nuevas propiedades que hayan sido de alquiler durante un mínimo de 6 años. Otro ejemplo es Portugal, donde el Gobierno ha puesto en marcha el programa Porta 65 Jovem para ayudar a los jóvenes a emanciparse.

En nuestro país, por el contrario, solo uno de cada cinco jóvenes logró emanciparse en 2018. En este sentido, los agentes del sector promotor seguimos instando a las diferentes Administraciones Públicas a apostar por todas aquellas fórmulas que incentiven la colaboración público-privada. Aunque es cierto que algunos organismos públicos están empezando a mostrar cierto interés, es de vital importancia que estas medidas no queden en un conato de buenas voluntades y que lleven a la práctica políticas largoplacistas que favorezcan y garanticen el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o alquiler.

Factores socioeconómicos, como la inestabilidad del mercado laboral o la escasa capacidad de ahorro de los jóvenes, influyen en la tardía edad de emancipación. En esta línea, los jóvenes comprendidos entre los 16 y los 34 años de edad deben destinar tres cuartas partes de su salario a hacer frente al pago de la vivienda, por lo que acceder al mercado inmobiliario es una opción poco factible para muchos de ellos.

Promotores y constructores abogamos, entre otras soluciones, porque la oferta de vivienda social o vivienda protegida se convierte en una de las fórmulas más plausibles de acceso.

En este sentido, es necesario dotar de una seguridad jurídica real al sector inmobiliario que proporcione las máximas garantías a los distintos actores sectoriales para que las empresas promotoras y constructoras puedan seguir desarrollando el papel de instrumento necesario para implementar las políticas de vivienda en el mercado inmobiliario, rol que la iniciativa privada ha asumido en los últimos 40 años con la puesta en el mercado de más del 85 % de la vivienda social.

Se deben abandonar políticas inmobiliarias que, si bien funcionaron en la última década, a día de hoy están obsoletas y reactivar la producción de vivienda protegida como estabilizador social del acceso a la vivienda, atraer a la inversión privada y asegurarles unas garantías jurídicas reales con un marco normativo estable, son algunas de las soluciones que convergen ante una cuestión que no es solo de carácter inmobiliario.

A su vez, trabajar por mejorar otros aspectos cómo los estándares de educación, incrementar los índices de empleabilidad y facilitar las condiciones de acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o alquiler, terminará por ofrecer posibilidades reales de emancipación y, de forma correlativa, estimulará la tasa de natalidad que, en la última década, ha descendido un 40 %.

En definitiva, la sociedad española en su conjunto y, especialmente, las generaciones más jóvenes, necesitan cambios estructurales en el ámbito inmobiliario para trazar un nuevo escenario en el que el acceso a la vivienda sea más fácil.

 

Daniel Cuervo. Director Gerente de ASPRIMA 

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